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- Por otra parte, la exigencia de provisiones y dotaciones minorarán el

importe del beneficio antes de impuestos, y, consecuentemente, la
recaudación del Impuesto de Sociedades. Aunque su tipo nominal estaba
situado en el 30%, el tipo real era más reducido para las entidades, hecho
que, probablemente, incidiría en una minoración de ingresos de 9-10.000

millones de euros para la Hacienda Pública. Por estas dos últimas razones,
los efectos de las medidas tendrán consecuencias sobre los

Presupuestos del Estado, desmintiendo la repetida aseveración oficial de
“que el saneamiento no costaría nada a los ciudadanos”.

- En otro orden de cosas, existe un proceso creciente de crítica sobre las
particularidades de la normativa hipotecaria en España, que es bien
diferente a la existente en otros países, en los que, en general, la “dación en
pago de deuda” es suficiente para cancelar una obligación de esta
naturaleza. Y aunque en el caso de la vivienda habitual, el deudor ha
aceptado y, por tanto, debe cumplir las obligaciones que ha contraído en el
correspondiente contrato, las repercusiones de la actual situación de crisis
en las personas de posición más debilitada, deberían haber propiciado la
introducción de prácticas jurídicas – créditos de limitada responsabilidad;
aclaración previa del alcance de las cláusulas de suelo, normalmente
perjudiciales para el deudor; limitación en los intereses de demora, etc. – así
como del uso de términos de amortización de capital – que existen – más
favorables para situaciones coyunturales de extrema dificultad. Una
situación que podría paliarse con la última normativa aprobada, a la que
podrán adherirse voluntariamente las entidades prestamistas.

- No debe descartarse el caso de alguna agrupación de Cajas de Ahorros,
que estando ya bajo la órbita directiva de una entidad bancaria, tenga muy
difícil las posibilidades de saneamiento. Si por su volumen se hace
acreedora a la consideración de “sistémica”, es fácil que el coste del mismo
se traslade finalmente al Tesoro Público, generando un agravio comparativo

con otra Caja, de gran volumen, pero con un fuerte desequilibrio en su
balance, que al integrarse en una entidad bancaria, ha tenido que ser
ayudada por el Fondo de Garantía de Depósitos, que tras ello, ha quedado
sin los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de sus futuras
obligaciones en otras entidades.

- Por ello, y pensando en la salud del sistema, las autoridades no deberían
propiciar la ayuda a las entidades sobre las que se acredite su falta de

viabilidad económico-financiera, en especial, y como se ha indicado, las
que tengan un elevado nivel de riesgo sistémico.

- Por último, no debe olvidarse que las Cajas que mantengan
participaciones importantes en los mercados de valores, se verán

El sistema financiero ante 2020 |207