Page 103 - Anales vol 2 nº1 2017

1. INTRODUCCIÓN

En un momento, como el presente, en el que la clase política trata de
orientar a la ciudadanía en la mejor elección de gobierno para los próximos cuatro
años, parece aconsejable reflexionar sobre dos grandes cuestiones que nos afectan
severamente: el importante volumen de Deuda Pública Acumulada (DPA) y las
tensiones que vienen generándose en los mercados financieros, no solo por esta
circunstancia, sino por la desfavorable evolución de las entidades del Sistema

Financiero Español (SFE), que se enfrenta a un cambio radical en su estructura y
funciones si quiere mantener su sostenibilidad futura.

La primera gran cuestión, la Deuda, viene caracterizada por un volumen que
supera el billón de euros, del orden de 1,3 si se cuentan todos los “pasivos en
circulación” que contabiliza el Estado, o, simplemente, de 1,08 billones, si
únicamente se considera la cifra oficial admitida por la Unión Europea. En todo
caso, tal volumen supera el valor del Producto Interior Bruto (PIB) de un año, con
lo que ello significa. Imaginémonos una familia, salvadas sean las distancias, que
con unos ingresos anuales de 100 unidades monetarias, iniciara el año con una
cantidad superior de deuda. ¿Cuántas limitaciones habrían de soportar para
sobrevivir con cierta normalidad?

Conforme al Tratado de Maastricht, que posibilitó el nacimiento del euro, la
Deuda Pública Acumulada y el Déficit Público anual tienen una limitación del 60 y
3% del PIB de cada Estado, pudiendo dar origen a sanciones en caso de
incumplimiento. Circunstancia en la que no solo sucede en España, sino, como
después veremos, en varios países comunitarios.

Nuestro Sistema Financiero, por su parte, durante muchos años con un
funcionamiento de cierta eficacia, se ha visto en una situación problemática a
partir del inicio de la crisis financiera. Las autoridades reguladoras hubieron de
impulsar, desde dentro, una serie de medidas que permitieran obtener un
funcionamiento sostenible en el tiempo, en términos de eficiencia y calidad de
servicio a su clientela, al tiempo que prepararlas para un entorno de mayores
exigencias en términos de capital, garantía de depósitos y estímulo de un proceso
de competencia con entidades que, hasta ahora, no estaban obligadas a soportar
requerimientos de aquellos reguladores. Sin olvidar, que, como en el caso de la
Deuda, el volumen de negocio del Sistema representa en España entre 3,5-4 veces
el valor del PIB de un año, cantidad que, por sí sola, justifica una rigurosa
supervisión de parte de las autoridades económicas y el regulador interno, el
Banco de España.

A estas dos cuestiones dedicaremos las siguientes líneas.

Dos retos para España: Control del endeudamiento público y racionalidad …|103