Page 83 - Anales 2-2 -2017

antes del 31 de diciembre siguiente. Ello supondrá un complemento

importante respecto a las decisiones adoptadas en 2008-2011, que tuvieron
un importe próximo a 65.000 millones. La desagregación de aquella cifra
sería la siguiente: Hasta 25.000 millones, como dotación contra la cuenta de
resultados de la entidad; y con ampliaciones de capital, 15.000 millones,
derivados de la imputación al 20% del valor del suelo y del 5% de la
cartera de promociones, cantidad que se cargaría a los beneficios no
distribuidos o, en su caso, con ampliaciones de capital. Finalmente, la
provisión del 7% del valor de los activos inmobiliarios problemáticos,
complementarían los 10.000 millones restantes.

- Con todo ello, los activos dudosos del suelo pasarían a estar dotados en los
balances desde el 31% actual hasta el 80% estimado; las promociones en

curso, del 27% actual, al 65% previsto. Los recibidos en pago de deuda,
deberían hacerlo al 80% para el suelo y del 65% para las promociones
inmobiliarias.

¿Cuál sería la valoración de esta norma? En nuestra opinión, entendemos
que el espíritu del decreto-Ley estaba bien orientado aunque las medidas ahora
anunciadas podrían haberse materializado con anterioridad a esta fecha. Desde
finales de 2008 se conocían la mayor parte de los problemas que la norma trata de
regular, pero por razones evidentes, los anteriores responsables económicos no
pudieron o carecieron de voluntad política para poner en marcha decisiones
que, forzosamente, implicarían coste electoral e importantes sacrificios para
todos los afectados. En ese sentido, son muy reveladoras las peticiones que la
Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España hizo tanto
al propio Gobernador como a dos titulares de la cartera de Economía, denunciando
la situación de muchas de las entidades y la falta de medidas coherentes para su
objetiva neutralización, tema que se ha recordado en los medios al inicio de 2017,
cuando tanto el Banco de España como el Congreso de los Diputados han decidido

realizar un Informe sobre la evolución de la crisis financiera.

No hemos de olvidar que, solamente en el período 2007-2010, los países
europeos habían destinado 0,5 billones de euros- el 4% del PIB comunitario- en
apoyos de capital y liquidez a las instituciones del sistema, apoyos que se
materializaron en mejora de recursos propios, compra de “activos tóxicos” y otras
medidas estimulantes de la liquidez. Y ello provocó un aumento del impacto del
endeudamiento público en los respectivos presupuestos, cuyo efecto final está por
evaluar. Razón por la cual las autoridades deberían continuar en sus esfuerzos
para que el impacto de la reforma del sistema financiero tuviera la mínima
incidencia sobre aquellos, pero nunca manteniendo, como aquí se dice, “que no

costaría dinero al contribuyente”, porque ello era algo claramente imposible.

El sistema financiero ante 2020 |205