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Por otra parte, y a pesar de los argumentos utilizados en la defensa del

decreto-Ley, no era necesaria una disposición de este rango legal. Para realizar los
saneamientos que ahora se han acordado, hubiera sido más que suficiente una
mera instrucción del Banco de España, que, complementada con la normativa ya
en vigor tras la sanción de los anteriores Decretos-Leyes, habría agilizado el
proceso de integración y ayuda económica que ahora se ha refrendado, evitando,
además, el aumento del deterioro que se ha ido contabilizando en los dos últimos
años, sin olvidar que, las medidas no harían posible, por sí solas, todos los
saneamientos que el sistema precisa.

De manera particular, estimamos que la disposición que comentamos:
- No tendrá una influencia positiva sobre el aumento del crédito al

sector privado, al menos, a corto plazo. Tanto los mayores requerimientos
de provisiones como los de capital harán muy difícil la generación del
colchón que necesitan las entidades para dispensar estas facilidades. Así lo
acreditaban los datos disponibles a finales de 2011, en los que se apreciaba
una reducción del 2,2% en el crédito al sector privado y del 2,1% a las
economías particulares, mientras crecía el 13,7% el otorgado a las
Administraciones Públicas.

- Por otra parte, no se ha tomado en consideración el volumen de

morosidad real que tiene el sistema, volumen que podría superar a corto
plazo porcentajes de dos dígitos, que se estima como muy problemático
para asegurar la vuelta a la normalidad. A finales de 2012 la morosidad
superaba el 10,4% de los créditos de dudoso cobro, que ascendían a 1,64
billones de euros.

- A pesar de las inyecciones masivas de liquidez del Banco Central
Europeo, al que las entidades españolas acuden habitualmente, ello no
significa siempre una mayor disponibilidad de crédito para sus clientes.
Bien porque se destina una buena parte de estos recursos a la suscripción
de activos financieros públicos, con remuneración que les dispensa un
magro margen financiero sin teórico riesgo, o, porque, como señala algún
representante del sector, “no existe demanda solvente” por parte de
empresarios y particulares que necesitan crédito para el normal
desenvolvimiento de sus negocios.

- En efecto, existe sobre-dimensión en el sector financiero, pero la
aplicación rigurosa de estas medidas generará un efecto indeseable sobre el
volumen de empleo, que afectaría a más de 40.000 personas, con lo que
representa el coste del ajuste, tanto para las entidades que acometan la
extinción de la relación laboral, como para las que financian las
prestaciones por desempleo.

206| Rafael Morales-Arce Macías